DERECHOS HUMANOS |
DERECHOS HUMANOS
     
   
Imagen
 
GUIAS
NORMAS GENERALES
DERECHOS HUMANOS
DERECHOS HUMANOS

--------------------------------------------------------------------------------

Concepto y progresivo reconocimiento

Definir los derechos humanos es una tarea compleja debido principalmente a que se trata de una materia que es objeto de estudio por parte de diferentes disciplinas, entre las cuales se encuentran la filosofía, el derecho, la sociología, etc. En consecuencia, antes de pensar en contar con una definición exacta sobre lo que debe entenderse por derechos humanos, resulta más práctico plantear una definición de alcance general, que permita expresar las ideas sustanciales que se encuentran detrás de dicha denominación. En este sentido, se pueden definir los derechos humanos como el conjunto de facultades inherentes a la persona para su desarrollo como tal y su desenvolvimiento en la sociedad, los mismos que manifiestan o plasman los requerimientos de los hombres y mujeres por la vigencia, respeto y protección de su dignidad, libertad e igualdad.

El reconocimiento de este conjunto de derechos como de especial importancia para el desarrollo del ser humano ha formado parte de un proceso histórico que se inicia principalmente con la aprobación en diversos Estados de una serie de documentos en los cuales se establece una relación de determinados derechos que son considerados como anteriores y superiores al Estado, el que a su vez se encuentra obligado a garantizarlos y protegerlos. La Carta Magna de 1215, la Bill of Rights de 1689, la Declaración de Derechos de Virginia de 1776, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, entre otros documentos, constituyen claras manifestaciones de esta situación.

Con la aparición de los primeros textos constitucionales, los derechos humanos pasarán a formar parte del ordenamiento político de un Estado a través de la norma suprema de su sistema jurídico, lo que permitió dotar a los derechos humanos de una garantía protectora ante cualquier autoridad o persona que pretenda menoscabar su ejercicio.

El reconocimiento a nivel constitucional de los derechos humanos ha atravesado por diferentes etapas. Al inicio del siglo XX, con las influencias de los movimientos sociales, se produce una de las más importantes, en tanto se origina a nivel mundial una nueva visión sobre la organización del Estado y su relación con los derechos humanos. Claros ejemplos de esta situación son la Constitución de Querétaro en México (1917) y la de Weimar en Alemania (1919), documentos que constituyen el primer reconocimiento a nivel interno de los denominados derechos económicos, sociales y culturales.

Sin embargo, la crisis producida tras la segunda guerra mundial trae consigo importantes consecuencias, entre ellas, la constatación de la insuficiencia de las normas y mecanismos internos de los Estados para proteger los derechos humanos. Esta situación origina que a partir de finales de la década del cuarenta, se empiecen a adoptar una serie de declaraciones y acuerdos internacionales con el objetivo de establecer mayores garantías para los derechos de la persona, dando nacimiento al denominado Derecho Internacional de los Derechos Humanos, disciplina que al mismo tiempo generó un fuerte impacto en los ordenamientos jurídicos estatales, que vieron en los instrumentos internacionales de derechos humanos una importante fuente de inspiración para la redacción de los nuevos textos constitucionales de finales del siglo XX.

En la actualidad, los derechos humanos cuentan con un creciente respaldo a nivel interno e internacional y los mecanismos previstos para su protección son objeto cada vez más de un mayor perfeccionamiento. Esta situación ha permitido ampliar el número de derechos de la persona considerados como inherentes a ella e imprescindibles para el desarrollo de sus actividades, y a los que se les suele denominar de forma indistinta como "derechos humanos" o "derechos fundamentales".

Derechos Humanos: Alcances generales

Los límites al ejercicio de los derechos humanos
(restricciones razonables y restricciones arbitrarias)

El reconocimiento progresivo de los derechos humanos, a través de diversos instrumentos internacionales y en los ordenamientos jurídicos de los Estados, es una muestra del consenso respecto a su existencia, y de la necesidad de respetarlos y garantizarlos. Pero ese reconocimiento admite, bajo determinadas condiciones, la posibilidad de disponer que se establezcan restricciones temporales a su ejercicio.

Los instrumentos internacionales sobre derechos humanos señalan diversos requisitos para que puedan ser adoptadas determinadas limitaciones al ejercicio de los derechos humanos, a fin de no desnaturalizar su esencia. Su transgresión genera una violación de los instrumentos internacionales y origina responsabilidad internacional por parte del Estado infractor.

Tales limitaciones pueden surtir sus efectos antes o después de que el derecho sea ejercido. Como un ejemplo del primer supuesto, se puede mencionar la disposición del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 21), en el cual se establece que el derecho de reunión puede ser restringido antes de su ejercicio por determinadas causales, es decir, puede ser objeto de restricción antes de que las personas se agrupen. Como ejemplo del segundo supuesto, se puede mencionar el caso de la libertad de expresión, que de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 13.2), no se encuentra sujeta a censura previa sino a responsabilidad posterior, lo cual significa que no existe impedimento previo para la difusión de opiniones o informaciones, aunque la persona tiene que estar advertida que bajo determinados supuestos legales dicha divulgación puede originarle una responsabilidad.

Los instrumentos internacionales exigen que las restricciones a los derechos humanos se encuentren establecidas mediante leyes, lo cual demuestra la importancia del principio de legalidad y de la reserva de ley, elementos esenciales para que los derechos del hombre puedan existir en la realidad y se encuentren protegidos jurídicamente (1) .

La obligación antes mencionada se puede apreciar, por ejemplo, en el Pacto Internacional, en donde se dispone que nadie podrá ser privado de su libertad personal, salvo por las causas «fijadas por ley» (art. 9), o que el ejercicio de la libertad de asociación sólo puede estar sujeto a restricciones «previstas por la ley» (art. 22).

Por su parte, la Convención Americana (art. 30), establece que las restricciones permitidas por ella al goce y ejercicio de los derechos humanos, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general.

Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el término leyes empleado en un tratado respecto a este tema comprende toda:

« ... norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Partes para la conformación de leyes» (2).

Esta definición encarga a los órganos legislativos, la exclusiva función de señalar los límites al ejercicio de los derechos humanos, pues en estas instituciones se expresa la pluralidad y libertad política de un país, lo cual obliga a que en el momento de establecer las restricciones, exista cierto grado de consenso. Como lo ha señalado la Corte Interamericana, a través de procedimientos legislativos de este tipo, se permite a las minorías:

« ... expresar su inconformidad, proponer iniciativas distintas, participar en la formación de la voluntad política o influir sobre la opinión pública para evitar que la mayoría actúe arbitrariamente. En verdad, este procedimiento no impide en todos los casos que una ley aprobada por el Parlamento llegue a ser violatoria a los derechos humanos, posibilidad que reclama la necesidad de algún régimen de control posterior, pero sí es, sin duda, un obstáculo importante para el ejercicio arbitrario del poder» (3).

En consecuencia, la expresión leyes empleada por los instrumentos internacionales no debe entenderse como sinónimo de cualquier norma jurídica, pues eso implicaría admitir que los derechos fundamentales de las personas pueden ser restringidos por la sola determinación del poder público, sin otra limitación que la de consagrar tales restricciones en disposiciones de carácter general (4) .

De acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la aprobación de las normas jurídicas de carácter general debe hacerse de acuerdo con los procedimientos y por los órganos establecidos en la Constitución de cada Estado, debiendo todas las autoridades públicas ajustar sus conductas a ese principio.

En este sentido, el principio de legitimidad es elemento importante a los efectos de interpretar si las restricciones a los derechos humanos se ajustan a los requisitos internacionales para su expedición. Sólo la ley adoptada por los órganos democráticamente elegidos y constitucionalmente facultados, ceñida al bien común, puede contener restricciones al goce y ejercicio de los derechos y libertades de la persona humana (5).

Por lo demás, tales medidas tienen necesariamente que ser temporales, pues una restricción permanente anula el ejercicio del derecho y la eficacia de su protección.

Además de ser necesario que exista una ley para que las restricciones al goce y ejercicio de los derechos y libertades sean jurídicamente lícitas, se requiere además que esas leyes se dicten en razón del interés general, tal como lo dispone la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 30). De acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la invocación al interés general significa que tales restricciones deben ser dictadas en función del bien común, elemento integrante del orden público del Estado Democrático. El contenido de ambos conceptos, orden público y bien común, en cuanto se invoquen como fundamento de limitaciones a los derechos humanos, deben ser objeto de una interpretación ceñida a las justas exigencias de una sociedad democrática, que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de preservar el objeto y fin de la Convención Americana (6).

De igual manera, toda restricción debe guardar relación con los motivos o causas que la originan, que generalmente son razones de orden público, seguridad nacional, salud pública, moral pública, o para garantizar los derechos y libertades de los demás. A la vez que razonables y oportunas, estas restricciones deben ser necesarias para proteger esos valores, lo cual significa que si existe otra alternativa para conseguir tal fin, debe emplearse aquella y no la restricción (7).

Tomando en cuenta todos los aspectos hasta ahora mencionados, se puede afirmar que la autorización prevista en los instrumentos internacionales para que se puedan restringir los derechos humanos, debe ceñirse a las siguientes condiciones (8):

que se trate de una restricción expresamente autorizada por los instrumentos internacionales y en las condiciones particulares que estos permitan;

que tales restricciones estén dispuestas por leyes y se apliquen de conformidad con ellas;

que los fines para los cuales se establece la restricción sean legítimos, es decir, que obedezcan a razones de interés general y no se aparten del propósito para el cual han sido establecidas.

Cualquier restricción que se emita al margen de estas condiciones puede devenir en ilegal o arbitraria, según corresponda.

Una restricción será considerada ilegal si no se efectúa de acuerdo a las causas, casos o circunstancias expresamente previstas en la ley y con estricta sujeción a los procedimientos definidos por ella.

La restricción devendrá en arbitraria si las causas y métodos para restringir el derecho, aun calificadas de legales, pueden reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad (9). En otras palabras, la restricción arbitraria a los derechos humanos es aquella que, aun amparándose en la ley, no se ajusta a los valores que informan y dan contenido sustancial al Estado de Derecho. Lo arbitrario constituye, de esta manera, un concepto que incluye supuestos, tanto de legalidad como de ilegalidad de la restricción. En este orden de ideas, existen restricciones que pueden ser legales pero que devienen en arbitrarias, pues son llevadas a cabo según los procedimientos, requisitos y condiciones formalmente establecidas en el ordenamiento jurídico pero que contradicen el fin último de todo Estado: el reconocimiento y respeto de los derechos humanos.


--------------------------------------------------------------------------------

Notas:



* Extraído del libro "Protección de los Derechos Humanos: Definiciones Operativas". Lima: Comisión Andina de Juristas, 1997, páginas 35-41. (Derechos Reservados)

1. Corte Interamericana de Derechos Humanos. «La expresión leyes en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos». Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A Nº 6, párr. 24.
2. Corte Interamericana de Derechos Humanos. ob. cit., párr. 38.

3. Corte Interamericana de Derechos Humanos. ob. cit., párr. 22. La Corte advierte en esta misma resolución (párr. 36), que este planteamiento no se contradice forzosamente con la posibilidad de delegaciones legislativas en esta materia, siempre que tales delegaciones se encuentren autorizadas por la propia Constitución, que se ejerzan dentro de los límites impuestos por ella y por la ley delegante, y que el ejercicio de la potestad delegada se encuentre sujeto a controles eficaces, de manera que no desvirtúe, ni pueda utilizarse para desvirtuar, el carácter fundamental de los derechos y libertades protegidos por la CADH.4. Corte Interamericana de Derechos Humanos. ob. cit., párr. 26.
5. Corte Interamericana de Derechos Humanos. ob. cit. párr. 37.

6. Corte Interamericana de Derechos Humanos. «La colegiación obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)». Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A Nº 5. párr. 66 y 67.

7. Corte Interamericana de Derechos Humanos. ob. cit. párr. 46.8. Corte Interamericana de Derechos Humanos. «La expresión leyes en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos». ob. cit., párr. 18.
9. Corte Interamericana de Derechos Humanos. «Caso Gangaram Panday». Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C Nº 16. párr. 47
   
 
Contacto
Si deseas contactarme has clic aqui
bibliografia
biblioteca juridica
Nuevo enlace
guia juridica